La crisis económica actual es una crisis de la soberanía económica de los Estados. La desregularización de los mercados financieros y el gradual traspaso de autoridad a instituciones económicas internacionales – come el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial – han ido minando los instrumentos tradicionales que el Estado moderno tenía para influir en la actividad económica en el territorio bajo su soberanía. La Unión Económica y Monetaria (UEM) se creo no sólo para extender las libertades económicas base del proceso que nos ha llevado a la Unión Europea, sino también para que los Estados recuperen poder respecto a este fenómeno de degradación de su autoridad. La crisis actual pone en evidencia el sistema que se construyó para tal fin, y ya se empieza a hablar del fin del euro. Sería un error pensar que si esto ocurriera sería volver a la situación anterior, pues después de probar y fallar, la institución del Estado-Nación saldría seriamente dañada. Estamos en frente no sólo de una crisis económica, sino también una crisis política.

Desde el principio de la construcción de la UEM, algunas voces han llamado a que se acompañara de una verdadera Unión Política. Éste era en parte el fin de la Constitución Europea, un proceso que debía ayudar a la mejora del sistema de gobierno de una Unión Europea ampliada a 27 o más miembros. Sin embargo, el proceso de “constitucionalización” (o “semi-constitucionalización”, como algunos prefieren) fue rápidamente capturado por los representantes de los Estados Miembros que temían una deriva fuera de su control, lo que desemboco en un simple proceso de reforma con el Tratado de Lisboa. Según varios autores, la falta de mecanismos políticos más integradores que los actuales ha dejado la UEM con pocos instrumentos de convergencia y control que hubieran evitado muchos de los problemas actuales de la zona euro. Si esto es cierto, la reformas que Merkel y Sarkozy quieren llevar a cabo podrían tener un efecto positivo en resolver la actual crisis. Esto significaría, en una aparente paradoja, que los Estados conseguirían transferir parte de su soberanía económica y política a la Unión Europea para poder conservarlas.

Otra posible realidad es que el proceso de degradación de la soberanía económica y de la soberanía política del Estado-Nación va más allá de la crisis actual. Es un proceso irreversible que empezó hace décadas causado por la emergencia de actores económicos y políticos fuera del control de la autoridad estatal que poco a poco han ido minándola hasta independizarse. Esto es cierto en el caso de las entidades financieras, grandes corporaciones y organizaciones internacionales. Si bien estas últimas aún dependen de los Estados, con el tiempo han ido adquiriendo vida propia. Si bien las grandes corporaciones aún tienen una base territorial en un Estado, el proceso de globalización ha permitido una descentralización brutal de sus actividades y sus recursos, dejándolas fuera del control efectivo de los Estados. Y si bien las entidades financieras coexisten con una espada de Damocles en la forma de re-regularización del mercado financiero, su poder actual es tal y su influencia en la política del Estados tan grande que es difícil hoy en día saber quien regula a quien – muestra de ello es la composición de los nuevos gobiernos en Italia y Grecia.

Entre estas dos realidades, aparentemente los Estados europeos se encuentran entre un proceso a varias velocidades de profundización de la integración que (muy) teóricamente podría permitir una regulación efectiva de la UEM en la Unión Europea, y una dinámica de degradación gradual de su soberanía política y económica que dejaría la instituciones que han permitido su control de un territorio y población vulnerables a intereses particulares ¿O hay más realidades más allá de esta dicotomía? ¿Podríamos pensar en estructuras políticas democráticas más allá del Estado-Nación? ¿Existe hoy en día un proceso activo de construcción de una gobernanza en Europa en esta dirección? ¿Qué efecto tendría este proceso en el proceso de integración europea?

Queda un año y medio para las elecciones. El PSOE va directo a perderlas excepto si toma medidas drásticas. El tiempo de Zapatero ha pasado. Un PSOE con Rubalcaba a la cabeza tendría grandes posibilidades de gobernar, un PSOE con Zapatero estará en la oposición.

(Del PP y Rajoy mejor no hablar, si ganan las elecciones será por que el PSOE no ha sabido rectificar a tiempo, no por propios méritos.)

Francisco Polo explica un poco más el proyecto en su blog. Por mi parte sólo decir, felicidades. Esta vez habeis dado en el clavo.

Hoy El País avanza una vez más una miguitas de lo que podría ser la Ley de Acceso a la Información española. El proceso de elaboración de esta ley ha sido a puerta cerrada, en secreto, sin la participación ciudadana, sólo de agentes desconocidos de las administraciones públicas. Un proceso que contradice el espíritu de esta ley, y que en cierta manera desvela la verdadera voluntad del gobierno en aplicar una ley que cambiara la manera en el que las administraciones españolas trataran al ciudadano.

El País avanza tres puntos importantes: (1) plazo de 30 dias para contestar (con posibilidad de ampliación a 30 días más en casos de dificultad en conseguir la información); (2) Silencio administrativo positivo. Si la administración afectada no contesta en el plazo legal se resuelve en favor del peticionario; (3) la Agencia Española de Protección de Datos (con el añadido de “y Acceso a la Información) será la encargada de los recursos contra la decisión de la administración, aunque sólo en el caso de la administración estatal, pues no tiene competencias sobre la administración autonómica.

Tres apuntes personales sobre estos tres puntos: (1) 30 días es un plazo bastante amplio en comparación con la media en Europa, que es de alrededor de 14 días. Además se puede ampliar a 30 días más. Dos meses pueden ser una eternidad dependiendo de la perennidad de la información requerida. (2) El cambio del efecto del silencio administrativo es muy positivo. Actualmente la mayoría de las peticiones de información se resuelven en negativo con el silencio de la administración. (3) El dar las competencias a la AEPD es un modelo que puede funcionar bien, como los casos británico y esloveno demuestran. Pero ¿Qué pasa con las administraciones autonómicas y locales? Esto significa que en cierta manera estamos hablando de una ley de bases, pues el acceso a la información de las administraciones autonómicas es competencia de éstas, al menos su aplicación. Necesitaremos entonces de leyes autonómicas que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Este último punto nos vuelve a una cuestión fundamental: ¿regulará el gobierno este derecho como un derecho fundamental recogido en el artículo de la Constitución (art. 20) o como un derecho recogido en la Constitución (art. 105), pero sin las garantías de los fundamentales? Respuesta en el próximo capítulo de “Acceso y Secretos: Una saga a la española”, escrito por el Gobierno y sus amiguetes. Publicado por El País.

Más info (por AccessInfo)

La mejor definición de Zapatero la he encontrado en el Diccionario marítimo español. En la letra Z aparece la palabra zapatero: “Dícese del que maniobra o ha maniobrado mal, o no entiende la maniobra”.

Genial.

Personalmente, estoy orgulloso de presentarlas porque es una iniciativa que empecé a impulsar y en la que he estado trabajando desde julio de 2010.

La conferencia es por gratis pero por invitación. Se podrá seguir sin embargo por streaming online en tiempo real y se colgará en la web del Síndic después. Más información en los próximos días.

Podeis acceder al programa aquí.

Una parte importante de este proceso es la garantia y protección del derecho de acceso a la información pública por los ciudadanos. España es uno de los pocos países en la Unión Europea que no tiene una regulación que permita este acceso respetando los criterios estipulados en la Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a documentos oficiales (versión inglés).

De los 27 países que conforman la Unión Europea solamente cuatro (4) no tienen una ley de acceso a la información: Chipre, España, Luxemburgo, y Malta. Asimismo de los 47 países miembros del Consejo de Europa España es uno de los pocos países (8) que no tienen una ley de acceso a la información (junto con Andorra, Chipre, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino). (fuente: Coalición Pro-Acceso)

La única norma española que cubre el derecho de acceso a la información del sector público es el articulo 37 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ésta es una norma claramente deficiente que infringe muchos de los principios internacionales sobre este derecho.

El PSOE tenía en su programa de las elecciones de 2004 y 2008 la aprobación de una Ley de Acceso. Después de casi seis años, el gobierno de Rodríguez Zapatero aún esta redactando el ante-proyecto. La información es tan poderosa que los políticos y los administradores parece que tienen miedo de abrir las puertas y ventanas de la administración pública a los ciudadanos. Las últimas noticias dicen que el gobierno presentará el proyecto en junio. Mientras tanto, el debate está en la calle y cada vez más en el mundo académico y en los medios de comunicación.

Dentro del derecho al acceso a la información pública hay un elemento que está ganando relevancia: los datos abiertos (open data). En Estados Unidos, la administración Obama ha aprobado la Open Government Directive (o Directiva del Gobierno Abierto) para crear una marco en que los ciudadanos puedan tener acceso a la información y a los datos de las adiministraciones públicas y crear colaboración entre la sociedad y el gobierno. Anteriormente, abrieron una web para concentrar y distribuir los datos públicos (data.gov). Un desarrollo muy similar se puede presenciar en el Reino Unido con la obertura de data.gov.uk por el gobierno laborista en colaboración con el creador de la world wide web, Tim Berners-Lee.

Las administraciones públicas en todos los países, y particularmente en democracias con servicios sociales, recogen, producen y almacenan grandes cantidades de información y datos. El sector público es el principal productor y consumidor de datos. La obertura de estos datos es importante, principalmente por dos razones: (1) Responsabilidad: en una democracia los ciudadanos deben poder saber sobre las actividades de las administraciones y personal que están a su servicio, incluído el personal político (= representantes). Esto permite la reducción de la corrupción y la eficiencia de las políticas públicas. (2) Experiencia: las administraciones públicas con todo su poder político, coercitivo y financiero, no pueden reproducir la capacidad y experiencia de la sociedad. La obertura de los datos permite que los ciudadanos, grupos y organizaciones que no trabajan en la administración, pero que están en posesión de habilidades y experiencias esenciales para la eficiencia y eficacia de políticas públicas, pongan a disposición del interés colectivo estas habilidades y conocimientos.

Es por todo ello que nosotros, como ciudadanos, debemos participar en la construcción de una democracia más abierta y colaborativa, aprovechando lo que la tecnología nos está ofreciendo. Es por ello que creé midemocracia.org

Hoy, Francisco Polo también habla en su blog sobre este tema. De una manera amena y sencilla explica porqué es importante que abramos los datos públicos, e incluye otra información interesante sobre el tema. Os recomiendo que leais su post “Más Open Government“.

En cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción (art. 6), ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas y públicas? ¿Qué recursos (material y personal) se le han proporcionado?

El ciudadano esperó y esperó la respuesta del Ministerio, pero nunca llegó. Él ciudadano decidió interponer un recurso administrativo contra este silencio, pero fue desestimado. El ciudadano, que quería respuestas a sus preguntas, interpuso un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, pero ésta lo desestimo argumentando que la Constitución Española no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar y recibir información de la Administración Pública (!). El ciudadanos se quedó livido, y muy decepcionado. Su sorpresa se transformó en cabreo cuando leyo un artículo en la revista Interviu en el que se decía que la Administración española oculta de forma sistemática datos. Desgraciadamente, su caso no era excepcional, sino la norma!

¿Cómo es posible que la Administración no se digne a contestar preguntas sobre algo tan importante como la lucha anti-corrupción? El ciudadano concluyó que aqui algo no funcionaba, y algo había que hacer. Las palabras no bastan, así que interpuso un recurso en el Tribunal Supremo. El ciudadano ahora espera…

Ésta es una historia real que se repite continuamente en España, un pais que se llama democracia pero que no garantiza un derecho tan fundamental como es el acceso de los ciudadan@s de la la información que es de tod@os, la información que recoge, produce y almacena con nuestro dinero.

Éste ciudadano en concreto es un miembro de Access Info, organización que lucha por el reconocimiento y garantía de éste, nuestro derecho. Access Info ha interpuesto hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Nacional de no reconocerlo y garantizarlo en contra de la jurisprudencia internacional al respecto. Sin embargo, aún hay mucho trabajo que hacer y cada ciudadan@ es valioso en esta lucha por nuestros derechos.

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Los jóvenes europeos no quieren a los partidos políticos en sus vidas. Sólo el 4% de los jóvenes (15-29 años) participan en un partido político o sindicato (en Euronews (punto 2:02) de Eurostat estadísticas). Esta es una figura clara de lo que los jóvenes quieren o no quieren. Los políticos de los partidos políticos y sus acólitos rápidamente dan la culpa al sistema educativo, al capitalismo, a la televisión o incluso a la Playstation de la falta de interés en la política de los jóvenes. Están cegados por su pensamiento de grupo y su estrecha perspectiva de lo que la política es. La política no es sólo, y ni siquiera principalmente, sobre lo que hacen los partidos políticos y sus representantes (los llamados “políticos”). Esto, muchas personas, incluidos los jóvenes, lo saben muy bien. Yo les recomiendo a la gente de partido de darse una vuelta una noche alrededor de los bares en cualquier ciudad o pueblo en Europa, para escuchar lo que la gente habla. Hablan de política más allá de los partidos políticos y sus instituciones públicas cautivas. Se sorprenderán al saber que hay vida política fuera del partido. Pues la política es principalmente sobre las personas y lo que hacen, y no sobre las organizaciones de cualquier tipo. Por eso tenemos que reformar el sistema para dar oportunidades a aquellos que quieren hablar y participar en la política, pero que no quieren ser prisioner@s de una organización que tiene sus propios intereses, a menudo diferentes de los intereses del resto de nosotros.

En el necesario debate sobre la propiedad intelectual, frente a iniciativas de Canadá o el Reino Unido que han propugnado un sistema de discusión abierta, habilitando webs específicas para el debate público, nuestro Gobierno está mostrando un comportamiento reprochable no sólo democrática sino jurídicamente.

A los jueces se les quita la potestad de decidir quién infringe la propiedad intelectual en Internet: esa potestad se la reserva ab initio el Ministerio de Cultura. Se difumina una vez más el logro que supuso la separación de poderes. La puerta que se abre con una estrategia de control político tan abyecta como ésta es sumamente peligrosa y permite, en la práctica, que el Ejecutivo pueda arrebatar determinados ámbitos de litigio a los tribunales si sus sentencias no son del gusto de quien gobierna.

La trayectoria del Gobierno en este tema es oscurantista: no entrega datos sobre propiedad intelectual que puedan cotejarse públicamente, no ejerce el control sobre las Entidades de Gestión, cuando anuncia la Ley de Economía Sostenible olvida mencionar la reforma de la LPI, que es filtrado a un periódico y no desde luego por los ciudadanos.

Además él y su colega Javier de la Cueva dan al dominio público la plantilla de su contestación a demandas del SGAE, con los argumentos jurídicos en contra de la consideración de las webs de enlaces como infractoras de la propiedad intelectual.