@ribo

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Los jóvenes europeos no quieren a los partidos políticos en sus vidas. Sólo el 4% de los jóvenes (15-29 años) participan en un partido político o sindicato (en Euronews (punto 2:02) de Eurostat estadísticas). Esta es una figura clara de lo que los jóvenes quieren o no quieren. Los políticos de los partidos políticos y sus acólitos rápidamente dan la culpa al sistema educativo, al capitalismo, a la televisión o incluso a la Playstation de la falta de interés en la política de los jóvenes. Están cegados por su pensamiento de grupo y su estrecha perspectiva de lo que la política es. La política no es sólo, y ni siquiera principalmente, sobre lo que hacen los partidos políticos y sus representantes (los llamados “políticos”). Esto, muchas personas, incluidos los jóvenes, lo saben muy bien. Yo les recomiendo a la gente de partido de darse una vuelta una noche alrededor de los bares en cualquier ciudad o pueblo en Europa, para escuchar lo que la gente habla. Hablan de política más allá de los partidos políticos y sus instituciones públicas cautivas. Se sorprenderán al saber que hay vida política fuera del partido. Pues la política es principalmente sobre las personas y lo que hacen, y no sobre las organizaciones de cualquier tipo. Por eso tenemos que reformar el sistema para dar oportunidades a aquellos que quieren hablar y participar en la política, pero que no quieren ser prisioner@s de una organización que tiene sus propios intereses, a menudo diferentes de los intereses del resto de nosotros.

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David Bravo, abogado en nuevas tecnologías y activista de copyleft, escribió un post ayer en su blog de lectura necesaria. Como nos tiene habituados, en un tono inteligente y riguroso nos informa con las palabras justas sobre los abusos que el gobierno está cometiendo en contra de los derechos fundamentales de expresión e información de todos los ciudadanos (y no sólo de los mal llamados internautas). Reproduzco tres párrafos importantes:

En el necesario debate sobre la propiedad intelectual, frente a iniciativas de Canadá o el Reino Unido que han propugnado un sistema de discusión abierta, habilitando webs específicas para el debate público, nuestro Gobierno está mostrando un comportamiento reprochable no sólo democrática sino jurídicamente.

A los jueces se les quita la potestad de decidir quién infringe la propiedad intelectual en Internet: esa potestad se la reserva ab initio el Ministerio de Cultura. Se difumina una vez más el logro que supuso la separación de poderes. La puerta que se abre con una estrategia de control político tan abyecta como ésta es sumamente peligrosa y permite, en la práctica, que el Ejecutivo pueda arrebatar determinados ámbitos de litigio a los tribunales si sus sentencias no son del gusto de quien gobierna.

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Como decía en un post anterior en la sección catalana. Hoy 12 diarios catalanes han reproducido el mismo editorial en defensa del Estatuto y la dignidad del pueblo catalán. Dos contrapuntos interesantes son, en mi opinión, dignos de mención. Por un lado, el más corto y simplista es la primera respuesta de El Mundo “Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio” y el segundo, más elaborado, es el artículo en La Vanguardia de un antiguo profesor mío en la Facultad de Derecho de la UAB Francesc de Carreras. A pesar de la diferencia de espacio y tiempo (uno en Madrid y otro en Cataluña, uno publicado después del editorial, el otro con el mismo editorial), los dos coinciden en dos puntos: la legitimidad jurídico-política del Tribunal constitucional y la acusación de que el editorial común (o declaraciones de los políticos en el caso de Carreras) defiende los intereses de una oligarquía política que quiere controlar la sociedad catalana.

[E] l TC cumple la función institucional que precisamente le han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la Constitución [...] No, aquí no está en juego “la dignidad de Catalunya”, como dicen estos colegas, sino la pretensión de una oligarquía política de controlar a la sociedad catalana a través de un Estatuto diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática. (El Mundo)

El motivo es el vértigo del fracaso ante unas elecciones ya próximas. En realidad, lo que pretenden los políticos catalanes no es defender el Estatuto, ni en Cataluña, ni a los catalanes: lo que tratan es defenderse a sí mismos, no dejar en evidencia su tan visible mediocridad. Están asustados ante unos sondeos de opinión según los cuales, si las elecciones se celebrarán hoy, se abstendrían de votar más de la mitad de los electores: sería la constatación de su fracaso y la certeza de una desconfianza generalizada. Esto es lo que verdaderamente les preocupa [...] al final del partido intentan descalificar al árbitro, el Tribunal Constitucional, con la finalidad de que no se les pidan responsabilidades. (Carreras)

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