Medidas anticorrupción en Cataluña… ¿y la libertad de la información?
A raìz de la emergente aparición de casos de corrupción en Cataluña, el Presidente de la Generalitat, José Montilla, anunció que el govern está preparando un paquete de medidas anti-corrupción y para acercar el sisteme político a los ciudadanos. Por lo que la prensa ha anunciado, estas medidas incluirán:
- Reforma de la ley electoral hacia un sistema parecido al alemán de doble voto: uno por las listas partido y otro por diputado territorial.
- Reforma de la Sindicatura de Cuentas, organismo que controla las cuentas públicas, que podría incluir las cuentas de los partidos y mayores poderes para intervenir.
- Impulso a la implementación de la ley de la Oficina Antifraude, encargada de investigar “posibles casos de uso o destinación ilegal de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento ilegal derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las propias funciones”.
- Reforma de la Ley de Patronatos y Fundaciones para evitar casos como el del Palau de la Música.
Pero…aquí falta algo. En ningún momento se ha hablado de una ley de acceso a la información del sector público o ley de libertad de la información. El gobierno español sí que esta trabajando sobre una ley de transparencia y acceso a la información pública, y parece que está a punto de presentarla al Congreso. Pero en Catalunya, los políticos quieren hacer una tortilla sin romper ningún huevo. Está muy bien que haya organismos públicos que velen por el buen hacer de los políticos y las instituciones públicas (Sindicatura de Cuentas y Oficina antifraude). Está mejor que estos organismos salgan reforzados de esta crisis de corrupción. Pero sería excelente que los partidos dejaran al ciudadano acceder a la información sobre la actividad pública y los datos producidos con sus impuestos.
El ciudadano es el detentor del poder en una democracia, los representantes políticos son eso, representantes del ciudadano. Como tal deben ofrecer cuentas claras y transparentes en todo momento. Una ley de transparencia y acceso a la información pública, que obligue a las administraciones a publicar toda información que no dañe la seguridad y la privacidad de las personas (algo que se tiene que justificar caso por caso; la carga de la prueba está en el que tiene la información y no en el que la pide), es esencial en cualquier democracia. Esta ley permite la fiscalidad del ciudadano y mejora el registro de la información pública, e incluso la eficiencia de la función pública.
